La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció este 9 de noviembre que el Órgano de Administración Judicial (OAJ) abrogó el acuerdo que establece la evaluación del desempeño del personal de carrera judicial, tras las manifestaciones y los paros de labores de trabajadores del PJF por posibles sanciones y afectaciones a su estabilidad laboral.
Esta abrogación del Acuerdo General AG-POAJ-025/2026 se publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación. Según la SCJN, la medida eliminó los motivos de inconformidad expresados por la base trabajadora del Poder Judicial de la Federación.
La SCJN llamó a las personas trabajadoras de todos los circuitos judiciales a reanudar con normalidad las labores jurisdiccionales. El tribunal también informó que permanecerá atento a la instalación de mesas de trabajo para dialogar sobre los demás temas relacionados con el personal del PJF.
“Reiteramos que el fortalecimiento del Poder Judicial se logrará mediante el diálogo y el común entendimiento”, declaró la SCJN en su comunicado.
OAJ abroga el acuerdo de evaluación para la carrera judicial tras los paros
El OAJ abrogó este lunes 9 de noviembre el acuerdo que regulaba la evaluación del desempeño del personal de carrera judicial, tras las protestas y paros contra un mecanismo que trabajadores y sindicatos consideraban riesgoso para su estabilidad laboral y sus derechos adquiridos.
La decisión dejó sin efecto el esquema dirigido a secretarios, actuarios, oficiales judiciales y otros integrantes de la carrera judicial del Poder Judicial de la Federación. El Pleno del organismo resolvió eliminar el acuerdo completo, en vez de conservarlo con los cambios que había negociado con las organizaciones sindicales.
Al momento de emitir su posicionamiento, el OAJ informó que al menos 50 juzgados y tribunales federales permanecían cerrados, pese al compromiso de las dirigencias sindicales de mantener las actividades con normalidad este lunes. El organismo advirtió que el cierre de instalaciones afectaba la continuidad de los servicios jurisdiccionales y el acceso de la población a la justicia.
El OAJ elimina el acuerdo tras una reunión con sindicatos
La resolución ocurre después de una reunión celebrada el pasado 7 de noviembre en instalaciones de la SCJN, con la participación del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y representantes de las organizaciones sindicales del Poder Judicial.
De acuerdo con el comunicado 107/2026, el encuentro produjo tres compromisos sobre el sistema de evaluación. El primero establecía que las revisiones buscarían fortalecer la eficiencia, eficacia y calidad en la impartición de justicia, sin utilizarse para sancionar o separar a trabajadores de sus cargos.
El segundo planteaba suprimir las evaluaciones extraordinarias que podían solicitar los titulares de órganos jurisdiccionales y modificar los porcentajes asignados a componentes que incluían factores considerados subjetivos. El tercero consistía en publicar los ajustes en el Diario Oficial de la Federación a la brevedad.
Tras revisar los dos primeros acuerdos, el Pleno optó por abrogar el mecanismo en su totalidad. El OAJ señaló que la medida también responde al mandato constitucional de impartir justicia pronta y expedita, así como a la necesidad de garantizar la atención a la ciudadanía y la continuidad de las labores.
Protestas alcanzaron la Ciudad de México y 17 estados
Las movilizaciones ocurrieron el pasado 6 de noviembre, cuando integrantes del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF) protestaron en la Ciudad de México y al menos 17 entidades.
En la capital, los trabajadores realizaron bloqueos y concentraciones sobre avenida Insurgentes, Periférico Sur y las inmediaciones del Palacio de Justicia Federal, en San Lázaro. También hubo manifestaciones en Durango, Coahuila, Guanajuato, Estado de México, Puebla, Guerrero, Nuevo León, Baja California, Tamaulipas, Aguascalientes, Hidalgo, Quintana Roo, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Yucatán.
Los inconformes cuestionaban que el resultado de las evaluaciones pudiera tener consecuencias sobre su permanencia laboral. También rechazaban que jueces, magistrados y compañeros participaran en la calificación de su desempeño, además de la incorporación de criterios que calificaban como subjetivos y la posibilidad de ordenar revisiones extraordinarias.
Antes de la abrogación, el dirigente nacional del STPJF, Gilberto González Pimentel, acudió al Senado para solicitar a integrantes de la Comisión de Justicia que intervinieran en la revisión del programa. El líder sindical sostuvo que el procedimiento no debía convertirse en un instrumento para realizar despidos arbitrarios ni afectar derechos laborales adquiridos.
La Asociación de Jueces y Magistrados también manifestó preocupación por los criterios previstos por el OAJ, al considerar que algunos podían derivar en valoraciones discrecionales. Antes de cancelar el acuerdo, el órgano administrativo defendía que las evaluaciones tendrían inicialmente un carácter diagnóstico y no pondrían en riesgo la permanencia de quienes integran la carrera judicial.
