Fiscalía General de la República ha puesto en marcha un exhaustivo proceso de comparecencias tras el polémico operativo que derivó en el hallazgo de un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara.
Según informó Ulises Lara, titular de la Fiscalía Especial de Asuntos Relevantes, cerca de 50 agentes que participaron en las acciones han sido citados a declarar con el fin de deslindar responsabilidades y esclarecer la cadena de mando.
Esta medida surge como respuesta directa a los trágicos eventos que empañaron el despliegue: la muerte de dos agentes de la CIA en territorio serrano y el deceso de dos elementos estatales en un accidente vial. El foco de la investigación no solo se centra en los hechos operativos, sino también en la legalidad del soporte institucional.
En este sentido, la FGR ha emitido requerimientos de ley para verificar el estatus oficial de los agentes extranjeros, buscando confirmar si contaban con las acreditaciones necesarias y si el Gobierno de Chihuahua tenía conocimiento previo de su presencia.
Con estas entrevistas, que se llevarán a cabo en los próximos días, la autoridad federal busca reconstruir las condiciones jurídicas y los motivos que justificaron la intervención en una zona de alta peligrosidad.
