Documentos oficiales, registros públicos y procesos de adjudicación revisados para esta investigación muestran que personas vinculadas políticamente al entorno del diputado federal Alejandro Pérez Cuéllar obtuvieron contratos de obra pública del Gobierno Municipal de Ciudad Juárez por alrededor de 74 millones de pesos entre 2021 y 2025.
Los casos corresponden a Irvin Alonso Ruiz Orozco y a la ingeniera Kenya Daniela Garibay Baca, quienes participaron en actividades políticas y electorales relacionadas con el equipo de Alejandro Pérez Cuéllar durante el proceso de 2024 y mantienen presencia pública en eventos partidistas y actividades vinculadas a dicho grupo político.
Irvin Alonso Ruiz Orozco trabajó entre 2017 y 2019 como empleado de confianza en la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Juárez, durante la administración del entonces alcalde Armando Cabada Alvídrez. De acuerdo con transmisiones oficiales y documentos administrativos, participó en procesos relacionados con licitaciones y fallos de concursos de obra pública.
Posteriormente, en noviembre de 2021, ya durante la administración del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, obtuvo su primer contrato municipal. Entre 2021 y 2024 acumuló 12 contratos por aproximadamente 38.5 millones de pesos, según expedientes revisados.
La documentación consultada indica que varias de las obras fueron ejecutadas mediante maquinaria rentada y respaldo técnico de terceros, entre ellos la ingeniera Kenya Garibay Baca, quien fungió en algunos proyectos como residente de obra.
Por otra parte, Kenya Daniela Garibay Baca constituyó en septiembre de 2023, junto con su padre, la empresa Construcciones y Servicios Industriales KIDA. Meses después, la compañía obtuvo su primer contrato municipal para rehabilitación de un parque público.
Entre 2024 y 2025, la empresa acumuló ocho contratos municipales por más de 35 millones de pesos relacionados principalmente con rehabilitación de parques, escuelas y espacios deportivos.
Ese periodo coincidió con la campaña electoral de Alejandro Pérez Cuéllar rumbo a la diputación federal, en la que Garibay Baca participó públicamente como integrante de su equipo político.
Tanto Ruiz Orozco como Garibay Baca han mostrado públicamente cercanía política con Alejandro Pérez Cuéllar mediante publicaciones y fotografías en redes sociales relacionadas con campañas, reuniones, convivencias y actividades partidistas. Ambos han señalado que su participación política fue voluntaria y sin remuneración.
Ruiz Orozco también participó como candidato a regidor por el Partido Verde Ecologista de México durante el proceso electoral de 2024.
Especialistas consultados en temas de transparencia y contrataciones públicas señalaron que, aunque la obtención de contratos mediante licitaciones o adjudicaciones no implica por sí misma una irregularidad, existen elementos que suelen considerarse relevantes para efectos de revisión pública y rendición de cuentas.
Entre esos factores mencionaron:
La rápida acumulación de contratos gubernamentales.
La participación de empresas de reciente creación.
La cercanía política con actores públicos.
La concentración recurrente de adjudicaciones en determinados grupos empresariales.
La experiencia previa limitada o poco documentada en el sector.
Entre las obras adjudicadas a Ruiz Orozco se encuentran proyectos deportivos en El Chamizal, trabajos en el Mercado Reforma y obras en el Centro Municipal de las Artes.
En el caso de KIDA, los contratos se concentraron principalmente en rehabilitación de parques y escuelas, incluyendo instalación de juegos infantiles, mobiliario urbano y equipamiento recreativo.
Vecinos de algunos espacios intervenidos han señalado públicamente deterioro en ciertas obras meses después de su entrega, particularmente en áreas rehabilitadas en colonias como Infonavit Salvárcar y Patria. Hasta el momento no se han dado a conocer resoluciones oficiales que determinen responsabilidades administrativas o legales relacionadas con esos trabajos.
Consultado sobre el tema, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar declaró que cualquier ciudadano puede participar en licitaciones municipales siempre que cumpla con los requisitos establecidos en la ley, y sostuvo que cada procedimiento debe revisarse de manera individual para determinar si existió alguna irregularidad.
Por su parte, Alejandro Pérez Cuéllar afirmó públicamente no tener conocimiento sobre los contratos obtenidos por personas cercanas a su equipo político.
La información revisada para este reportaje no acredita por sí misma la existencia de delitos o actos de corrupción. Sin embargo, especialistas consideran que la cercanía política entre contratistas y actores públicos puede generar cuestionamientos sobre transparencia, posibles conflictos de interés y criterios de asignación de obra pública.
En un contexto donde el presupuesto municipal destinado a infraestructura representa una parte importante del gasto público, el caso ha generado debate sobre la relación entre actividad política, vínculos personales y contratación de proveedores con recursos públicos.
