En un acto sin precedentes, la Fiscalía General de la República (FGR) citó a comparecer a la gobernadora del estado de Chihuahua, Maru Campos, en el marco de una carpeta de investigación federal.
La Constitución y las leyes establecen con toda claridad que los gobernadores cuentan con la protección sobre su cargo, y que no pueden ser llamados a ningún procedimiento de naturaleza penal.
La actuación de la Fiscalía General de la República es absolutamente violatoria de la Constitución y de la soberanía del Estado de Chihuahua.
Se trata de un evidente caso de persecución política, ordenado desde Palacio Nacional, que contrasta con la protección que han brindado al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de legisladores y funcionarios acusados por Estados Unidos, por vínculos con el crimen organizado y narcoterrorismo.
“Otra vez, aquí está el doble rasero de Morena. Lamento que Morena use las instituciones para molestar, para hacer esta persecución política contra una persona que está haciendo bien las cosas”, comentó la mandataria.
La gobernadora recibió de manera directa el citatorio formulado por la FGR, y analiza con su equipo las acciones que habrá de tomar ante esta arbitrariedad.
“Habremos de estudiar su debida fundamentación y argumentación”, dijo la mandataria tras recibir el requerimiento, que está fechado para el miércoles 27 de mayo a las 10 de la mañana.
La mandataria dijo que su Gobierno ha actuado contra el crimen organizado y contra la inseguridad: “Estamos haciendo todas las cosas para que los chihuahuenses puedan vivir, crecer y trabajar en paz”.
Durante la recepción del emplazamiento acompañaron a la Gobernadora el consejero Jurídico, José Carlos Rivera; el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; el abogado, Roberto Gil Zuarth; el titular de la oficina de la Secretaría Particular, Fernando Álvarez Monje y Max Cortázar.
